La educación en Cuba

El Presupuesto del Estado en Cuba financiará en 2018 millonarios gastos para servicios básicos sin cobro alguno a la población, pero la gratuidad tiene costos y el gobierno pide control popular sobre el asunto.

A la educación, el país destinará este año más de ocho mil millones de pesos (con paridad al dólar), mientras los recursos para salud pública y asistencia social superarán los 10 mil 394 millones, incluidas las inversiones en esas esferas, refrendó el Parlamento.

En tanto, el sector productivo recibirá inyecciones por más de 15 mil 590 millones de pesos a cuenta solamente de sustituir importaciones e incentivar rubros exportables.

Al decir del ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, el ejecutivo exigirá el máximo cumplimiento posible de las principales 'prioridades dentro de las prioridades', a partir del uso eficiente de los recursos financieros y materiales.

En otras palabras, tanto el Plan de la Economía como el Presupuesto están signados por la austeridad, debido a la complicada situación de las finanzas externas, la disponibilidad de combustible y el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Aunque las proyecciones indican que los ingresos crecerán 4,3 por ciento frente al estimado de 2017, el saldo presupuestario para 2018 es deficitario; de tal forma, Cuba podría sumar a su deuda pública un monto máximo de 11 mil 725 millones de pesos.

Según la Ley del Presupuesto, habrá que conseguir préstamos para financiar el déficit fiscal previsto y la amortización de adeudos por ejercicios fiscales precedentes, lo cual conduce a una demanda financiera superior a los 15 mil millones de pesos.

Bajo tales circunstancias, la economía nacional está obligada desde su nivel primario a ser eficiente, recalcaron directivos del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).

'Cuando una empresa no cumple el plan, gasta más de lo que debe, viola sus indicadores económico-financieros, afecta no solo su objeto social, sino también los ingresos al Presupuesto', remarcó la viceministra del MFP Meisi Bolaños, en diálogo con la prensa.

A juicio de la experta, la eficiencia y la eficacia del proceso inversionista es un punto débil: 'Si las obras se atrasan o dejan de hacerse, implica no disponer de los bienes o servicios proyectados y tampoco de los recursos financieros para compensar la inversión'.

Del mismo, razonó, resulta contraproducente dejar de ejecutar gastos, porque si fueron inscritos 'es porque hacen falta, digamos para mantener los insumos de los hospitales y los medios de enseñanza en las escuelas'.

En opinión de Bolaños, resulta fundamental que los asuntos presupuestarios sean de dominio público: En una comunidad, ilustró, los vecinos deben saber qué consultorio médico o qué escuela se va a reparar, para que estén al tanto y exijan por ello.