Gladys Bejerano Portela

La XIII Comprobación Nacional al Control Interno se inicia este 1 de noviembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre en todo el país, así lo informó Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República.

Según precisó en conferencia de prensa, se prevé evaluar las operaciones realizadas fundamentalmente de enero a septiembre del presente año en unas 370 entidades de diversos sectores, en los cuales se chequearán las cuentas por cobrar y pagar, la contratación económica, el uso y control del combustible y los pagos a trabajadores por cuenta propia.

“El control y uso de los inventarios permitirá evaluar el comportamiento de los mismos, en particular la gestión de compras, los altos niveles existentes y las propuestas para  minimizar su tendencia creciente, garantizando la máxima utilización en el Plan 2018 y hasta el 2021”, puntualizó.

Por su parte la Vicecontralora General Alina Vicente Gaínza acotó que de las 370 acciones de control previstas, 168 evaluarán el cumplimiento de las normativas aprobadas para el Sistema Empresarial Estatal cubano y 202 el control y uso de los inventarios.

Entre tanto, se mantiene  la evaluación de la gestión de los lento movimiento y ociosos en los diferentes niveles de las estructuras administrativas,  incluyendo la gestión de los productos químicos identificados, lo que permitirá dar seguimiento a los resultados de las acciones de control desarrolladas en la pasada comprobación.

La vicepresidenta del Consejo de Estado al comentar sobre la importancia del control interno, recalcó que esta labor debe ser tarea permanente en cada centro para evitar cualquier hecho delictivo o de corrupción.

Más de dos mil 400 auditores y alrededor de mil 100 estudiantes y profesores universitarios participarán en la comprobación, así como expertos en normalización, transporte y en distintas áreas de ciencia, tecnología y medio ambiente, indicó Bejerano.

En 2017, las actividades de control se efectuaron en 361 actividades y arrojó pérdidas económicas en el orden de los mil 057 millones 065 mil pesos en moneda total.

Se detectaron 47 presuntos hechos delictivos en 33 entidades. De ellos, 35 se clasifican como presuntos hechos de corrupción, ubicados en 22 centros económicos.

Por ese motivo se determinó que administrativamente 1265 personas tenían algún grado de responsabilidad y se aplicaron 1251 medidas.