Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba.  

Centro de Documentación.


DEMOCRACIA, SOCIEDAD CIVIL Y GOBERNABILIDAD EN LA

CUBA DE LOS 90

 

Por: Lázaro Barredo Medina. 

Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

 

 

La Revolución cubana es la obra de un esfuerzo nacional concertado.

Los rasgos más distintivos que la han caracterizado son:

 

1) el auge de una ciudadanía política que promueva e bienestar general sin desajustes en lo social; 2) la conformación de una política verdaderamente nacional, inspirada en una sólida convicción ética; 3) la prioridad al tema del desarrollo; 4) la ausencia de intereses corporativos y 5) la obtención y defensa a ultranza de la independencia y la soberanía nacional.

Cuba, sin embargo, al margen del diferendo con los Estados Unidos, quien ha llevado a cabo una tenaz, obstinada y obsesiva política de agresión contra la Isla y quiere obligarla a recomponer sus relaciones desde una posición de subordinación, enfrenta una campaña de distorsión en torno a cómo desarrolla los temas de democracia y derechos humanos.

En el fondo, para el caso cubano se esgrime una pretensión de estandarizar valores, supuestamente desde principios universales.

Es el rasero reduccionista para tratar de imponerle esquemas o modelos de organización política, con los cual se desconoce no sólo la realidad inmediata y concreta del país, sino que se pasa por alto tambiénÆ el respeto a la convivencia y el derecho internacional a la diversidad y la pluralidad de sistemas.

 

Hay democracia en Cuba? Funciona la sociedad civil? Hay crisis de gobernabilidad? 

En Cuba se trabaja hoy por hacer reajustes estructurales sin dislates, sin apresuramientos que podrían resultar fatales y sin renunciar a sus logros y metas sociales, para adecuar al país a una realidad internacional cambiada y cambiante, convencidos de que el sistema no podía mantenerse tal y como funcionaba, ni tampoco todos los proyectos podían mantenerse tal y como se concebían. Se anda a la búsqueda de un proyecto _socialista_ propio, un proyecto renovado, auténticamente popular y democrático, con una diversificación económica que admita variadas formas de propiedad de manera irreversible, pero con una prominencia en el papel conductor del Estado, sin que ello limite el establecimiento cada vez mayor de mecanismos y fórmulas de mercado, aunque no se marchar en la dirección del capitalismo, incompatible desde su concepción con la aplicación consecuente de los principios de la justicia social; ni tampoco transitar por el esquema de lo que fue conocido por el _socialismo real. Creemos falso que la absolutización de la propiedad privada y la competencia del mercado resulten a la larga beneficiosas para la sociedad, como creemos también inadecuada la opción del Estado burocrático, paternalista y con superestructuras centralizadoras e ineficientes._

 

Desde su propio orden constitucional, los cubanos tratan de construir un modelo de sociedad que se ajuste a su historia, su idiosincrasia y sus actuales realidades, donde sea posible el desarrollo con equidad y la transformación con justicia social, tratando de alcanzar una armoniosa combinación entre los intereses colectivos y los intereses individuales, un país posible y deseable donde prevalezca la concreticen nacional._

 

Es un proceso de adecuación consciente, mediante el cual se combinan el convencimiento y la voluntad acerca de la necesidad de un continuo trabajo de perfeccionamiento del sistema político, mucho más ahora que las medidas económicas traerán consigo el imperativo de reformar determinadas reas del Estado, por cuanto la eficiencia económica no depende solo de la estabilidad social, sino de la funcionabilidad de las instituciones._

 

En otras palabras, se trata de edificar un modelo que propicie la actividad de un ciudadano más productivo en lo económico, más participativo en la gestión política y más solidario en lo social._

 

LA DEMOCRACIA CUBANA

No hay una sola definición conceptual sobre la democracia que no lo refiera al sistema político donde el pueblo ejerce la soberanía o la doctrina favorable a la intervención del pueblo en el gobierno._

 

Cuba considera que no hay un modelo "ideal" de democracia y, en esta materia, es quizás un factor de desintonía dentro del Hemisferio Occidental al tratar de buscar otra alternativa al modelo tradicional establecido, cuya ilusión de que se pueden encarar los problemas nacionales y las crisis con la salida electoral no ha hecho otra cosa que provocar serias frustraciones sociales dentro de mayoritarios segmentos poblacionales, además de acrecentar de manera notoria la marginación política y el descreimiento hacia las instituciones representativas del sistema democrático, y más directamente hacia los partidos políticos, ante la exclusión a participar en la gestión de la vida nacional.

 

La discrepancia cubana con ese modelo no reside en cuestiones de forma, sino de contenido, ante su continuada tendencia hacia la ingobernabilidad. Tener elecciones no es suficiente. La democracia no se acredita sólo mediante ilusiones de mecanismos formales para avalar una supuesta representatividad, mucho más cuando puede propiciar viciadas prácticas como el clientelismo, el fraude, el incumplimiento de los compromisos electorales y otras manifestaciones que deslegitiman a los gobernantes y debilitan el sistema democrático, impidiendo que la gente sienta en su vida cotidiana la utilidad de la política._

 

Al margen de las diferencias ideológicas, ese disentimiento cubano est avalado por lo que sucede en los entornos de la mayoría de los países de su propia región, América Latina, donde transcurridos más de 30 años de los propósitos de la Alianza para el Progreso y después de gobiernos civiles y militares, liberales, conservadores, populistas y fascistas, así como de doctrinas desarrollistas, proteccionistas y neoliberales, más de la mitad de la población vive en la pobreza y con una ostensible tendencia hacia la marginación ante la ausencia de opción política y democrática._

 

En Cuba, los criterios más extendidos parten de la necesidad de fomentar un Estado con un carácter más representativo y participativo en lo social que, sin incurrir en paternalismos, sostenga una adecuada calidad de vida con un grado aceptable de equidad política y de justicia social, a la vez que una forma de participación democrática que se traduzca en política económica, en programas de gobierno, en institucionalidad, en práctica social y cultural.

 

No pocas tesis circulan por este mundo pretendiendo deformar la experiencia histórica cubana y hablan de un fenómeno político llevado adelante expresamente por la voluntad de un hombre, pero lo cierto es que se obvia el hecho inédito de que sólo a partir de una concepción más amplia de participación popular ha sido posible que las mayorías sociales de la población cubana logren expresarse como mayorías políticas.

 

Lo que Cuba tiene a su favor en la aplicación de estas ideas es la ausencia de inestables vaivenes en su mercadotecnia política al disponer de un solo Programa Político Nacional respaldado por los más amplios sectores de su sociedad, lo que reduce en cierta medida la apatía y los grados abstencionistas.

 

Por supuesto, aunque toda la acción nacional est concebida hoy con suficiente flexibilidad y tolerancia, tratando de evitar cualquier vestigio de discriminación política, se actúa sin ambages en las cuestiones de fondo sobre el ejercicio de la libertad, cuya única restricción son los propios límites que puedan poner en peligro la independencia y la soberanía, sobre todo cuando la verdadera oposición al Programa de la Revolución lo constituye hoy el Gobierno de los Estados Unidos, que ha sido el principal enemigo de la existencia de Cuba como nación independiente desde hace casi 200 años, al negarse a reconocer el derecho soberano del pueblo cubano a decidir por sí mismo su propio destino.

 

Es desde esta perspectiva histórica que para Cuba constituyen hoy asuntos vitales de su seguridad nacional la necesidad de procurar el sostenimiento del consenso político y lograr la viabilidad económica.

 

Desde la discusión popular del Llamamiento al IV Congreso del Partido celebrado en 1991 y las reformas constitucionales en 1992, en el ámbito cubano se ha puesto un énfasis en ampliar la democracia de manera sostenida hacia el interior de las estructuras políticas y hacia las instituciones del Estado, enalteciendo los valores de la igualdad, la participación y el autogobierno, sin dejar de tomar en cuenta que ninguna sociedad puede prescindir de un sistema de representación ciudadana ni se puede gobernar sin delegar las tareas de gobierno en representantes del pueblo.

 

No se trata de dar pasos que anden a la búsqueda de una imagen en la pretensión de complacer a nadie y mucho menos dar respuesta a amenazas, presiones o condicionalidades desde el exterior, sino por la propia convicción de que sólo perdurar el proyecto nacional en la misma medida en que sea perfeccionado el sistema político .

Cuáles son los pilares esenciales de la democracia en Cuba?

 

-La democracia en Cuba se sustenta en el presupuesto de la existencia de vínculos orgánicos entre la autoridad y el pueblo.

 

Se parte de la concepción de un Estado con división de funciones, pero no de poderes. El poder es indivisible y reside en el pueblo mediante un sistema de organización política que permita a los ciudadanos transformarse en activos sujetos del proceso nacional, por el cual hay una relación de subordinación de todos los cargos electivos a sus electores y de todos los Ejecutivos a sus órganos colegiados._

 

-Partiendo de sus mismos hechos históricos y de la experiencia de su propia vida republicana, considera agotado como organización política de democracia al presidencialismo y, por consiguiente, promueve el diseño y estimula el desarrollo de un sistema asambleario de poder que surja de un proceso electoral donde se prescinda de los partidos y conceda a la población y a las organizaciones sociales las facultades de la nominación de candidatos.

 

-Instituye la realización de elecciones periódicas mediante sufragio directo y universal para esos órganos asamblearios, donde los candidatos para resultar electos requieren de un voto superior al 50 por ciento. (Cada dos años y medio para los órganos municipales y cada cinco años para los órganos provinciales y el Parlamento Nacional).

Dentro de este proceso existen los siguientes presupuestos:

 

1) el voto es totalmente libre; 2) ningún dirigente político es candidato de facto y todos tienen que someterse al escrutinio popular; 3) el padrón electoral es automático cada vez que un ciudadano arribe a los 16 años de edad y 4) debe quedar garantizado el absoluto respeto a la diversidad de opiniones.

-Considera imprescindible la obligación de todos los cargos electivos a rendir cuenta periódicamente ante sus electores en todos los niveles de dirección del Estado.

-Concede especial importancia al establecimiento del proceso de revocación de todos los cargos electivos, sin ningún límite de tiempo, para cuando incumplan reiteradamente sus obligaciones, pierdan la confianza de sus electores, incurran en conductas incompatibles con la representación que ostentan o sean condenados por delitos que los hagan desmerecer en el concepto público.

 

EL PARTIDO POLITICO, LAS FORMAS DE PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SISTEMA ELECTORAL

 

La Revolución cubana, desde el primer instante, ha trabajado en la búsqueda de una solución real al problema de la democracia política para favorecer a la mayoría de los actores sociales. Su dirección política se ha preocupado siempre por establecer vínculos permanentes con el conjunto de la población, de modo que los problemas que los aquejan y sus criterios lleguen con la mayor rapidez y fidelidad a las instancias dirigentes._

 

Es por ello que aún cuando todavía hoy no está resuelto plenamente un método de mayor vinculación política, el Partido cubano, como fuerza dirigente de la sociedad, supo rectificar a tiempo las erróneas ideas de pretender gobernar desde el partido como ocurrió en otros países de Europa del Este (lo cual promovió una falsa unanimidad), y fue capaz de estructurar un estilo de trabajo por el cual solo puede dirigir y comunicarse con la nación, sin menoscabo de su carácter práctico y ejecutivo, en la medida en que cada vez más se convierta en un foro de análisis, busque el consenso por medio del debate y propicie que cada sector de la población y cada ciudadano tengan el derecho de ser atendidos y escuchados en sus planteamientos. Es prioridad de ese Partido la tarea de asegurar derechos y libertades reales dentro de un programa de justicia social que abarca a toda la nación.

 

Sólo de esa forma la existencia de un único Partido no constituye un límite en el ejercicio democrático. Al menos, dentro de la óptica mayoritaria del criterio político cubano, la democracia no es la fragmentación de la sociedad, mucho menos cuando el país est seriamente amenazado en su soberanía y su independencia por un vecino tan poderoso.

 

La Revolución cubana triunfó sobre la dictadura batistiana el lro de Enero de 1959 como fruto de la acción de tres organizaciones políticas, las cuales decidieron en 1963, al cuarto año del proceso revolucionario en el ejercicio del poder, integrarse en un solo Partido para hacer de la unidad el factor esencial en la resistencia contra esa amenaza norteamericana.

 

De ahí, la íntima convicción de que en situaciones de abierta lucha nacional contra la voracidad externa, la pluralidad no la determina siempre el número de partidos, sino el grado de flexibilidad y de tolerancia política que exista en la nación, a la vez que la voluntad de hacer participativa la decisión soberana de sus ciudadanos en los asuntos más importantes de la sociedad.

 

También no es menos cierto que las libertades formales de competencia política pueden no solamente convivir indefinidamente con la injusticia social, sino igualmente propiciarla y encubrirla. Eso fue lo que ocurrió en toda la historia republicana cubana anterior a la Revolución, donde ni el pluripartidismo ni la teoría de los tres poderes resolvieron jamás el problema de la democracia y la justicia social. Mientras más pluripartidismo hubo en Cuba más dependiente fue la nación de los Estados Unidos y más corrupción, robo, frustración, desempleo, analfabetismo, falta de atención médica, desigualdad, discriminación racial y escepticismo hubo en el país.

 

En el caso cubano, la legitimidad de ese sistema de partido único se acredita por el consenso mayoritario que respalda su actuación como fuerza política que representa a los intereses vitales de la nación y es capaz de propiciar un clima donde sólo en la diversidad y en la posibilidad de la discrepancia estÆ la clave para que prevalezca en la sociedad una atmósfera de creación política e intelectual que favorezca la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo del país.

 

No se trata de un ejercicio teórico, sino de un estilo puesto a prueba constantemente, como ocurrió en el proceso previo al IV Congreso, por el cual el Partido puso a debate su propia gestión ante la población mediante un documento (El Llamamiento al Congreso) con una valoración de la situación y las proyecciones sobre la política, la economía y el desarrollo social, y convocó a los ciudadanos para discutirlo con absoluta libertad de opinión, por muy espinoso o complicado que fuera el tema de su planteamiento.

 

En los debates fueron analizados por la población alrededor de 500 temas de interés político, económico y social que, por su contenido y trascendencia, fueron considerados en las tesis del Congreso como vitales para las proyecciones futuras del país. Una muestra de cerca de 40 000 de los planteamientos principales formulados por la población arrojó que el 87 por ciento de ellos fueron enfocados críticamente sobre los más diversos asuntos de la economía, el funcionamiento del propio Partido, la organización del Estado, etc.

Eso es posible, porque más que un partido en el puro concepto etiológico, lo que existe en Cuba es un movimiento político nacional que requiere de la unidad en la diversidad y no puede resultar confesionario o sectario cuando pretende aglutinar a toda la nación sobre principios y valores Æticos más que doctrinarios, para defender la independencia y la soberanía nacional.

El Partido cubano no es un partido electoral, es en su esencia un partido político. Si fuera un partido electoral no tendría esa capacidad movilizativa tan amplia, pues su militancia es selectiva -como regla a partir de un proceso de promoción por parte de los propios colectivos de trabajadores-, y abarca solamente al ocho por ciento de la población en edad electoral. Su influencia reside ante todo en la actividad moral de su militancia, los aciertos de su política y la voluntad de vincularse con la sociedad.

En las condiciones de Cuba hoy, dado el grado de enfrentamiento que tiene con Estados Unidos y los terribles efectos que significó la desaparición de sus principales aliados (políticos, pero sobre todo económicos), el énfasis democrático en la sociedad presupone un fortalecimiento en la capacidad de resistencia del pueblo cubano. Eso no est referido solamente a la necesidad de un nivel superior de democracia intrapartidista, lo es También el mayor funcionamiento autónomo de las organizaciones sociales para que se desenvuelvan con personalidad jurídica propia, lo cual no está reñido con el principio de la dirección política del Partido, el deslinde cada vez más amplio entre las funciones del Estado y del Gobierno, la determinación a que los ejecutivos dependan de los órganos colectivos colegiados y la disposición a erradicar elementos formales que atentan contra la autenticidad de los marcos institucionales en que transcurre la vida política de la nación.

Dada la naturaleza del intenso conflicto nacional con los Estados Unidos, dentro de Cuba no hay una real oposición a la Revolución ni tampoco ninguna corriente política de alternativa al Programa Nacional que se sustenta básicamente en tres pilares:

a) independencia, b) derecho al desarrollo y c) justicia social. Por la esencia y los valores históricos de la nacionalidad cubana, el contenido y la expresión de su lucha nacional, sometida a la permanente pretensión de anexar la isla a los designios norteamericanos, ninguna fuerza patriótica que estuviera en discrepancia con la manera en que la actual Dirección de la Revolución llevara adelante la aplicación de ese Programa Político, se aliaría con los Estados Unidos.

Lo que prevalece en la llamada "oposición" contra la Revolución son grupos de personas, muchas veces de composición familiar, que se dedican a recibir orientaciones de funcionarios norteamericanos y hablar con la prensa extranjera para hacer de la "disidencia" un negocio que promueva su cotización con la finalidad última y mayoritaria de emigrar en mejores condiciones hacia los Estados Unidos o hacer de esas relaciones un modo de vida._

Para la mayoría de la población estos actores políticos no son más que una prolongación o avanzada de la política de hostilidad que desarrolla Estados Unidos contra Cuba, lo cual está probado en la naturaleza misma de sus acciones y en el respaldo que la mayoría de ellos han ofrecido a engendros establecidos por los norteamericanos contra su propio país como las Ley Torricelli o la rechaza mundialmente Ley Helms-Burton. El lenguaje y mensaje de estos ciudadanos est bien ajeno y distante de las reales preocupaciones y aspiraciones de la política nacional.

Es paradójico que la administración norteamericana pondere propagandísticamente a estas personas como afiliados de "organizaciones independientes en Cuba" y a la vez importantes funcionarios norteamericanos o determinadas decisiones del congreso estadounidense, como la ley Helms-Burton, reconozcan literalmente la decisión de Estados Unidos de contribuir moral, financiera y materialmente al desempeño de estos grupos.

Pese a ello, las leyes cubanas no establecen ninguna limitación dentro de las garantías de los derechos ciudadanos. Cuba ha sido más tolerante en medio de la tensión de recrudecida "guerra fría" a que es sometida por Estados Unidos, que otros muchos países ante situaciones semejantes. En los debates y discusiones todo el mundo es libre de opinar aunque haya discrepancias antagónicas; a nadie se le niega su derecho libérrimo a decidir en las elecciones.

 

No existe ninguna regulación prohibitiva en la distribución de las pocas riquezas del país y a nadie se le impide el acceso a los bienes básicos . En materia de atención y seguridad social, a nadie le es vetado acceder por razones de raza, sexo o creencias religiosas o políticas a un tratamiento médico gratuito, aún en las más agravantes condiciones económicas, desde una consulta médica primaria hasta un complejo trasplante, ni a la educación gratuita, ni quedar en desamparo, porque a nadie se le pregunta si est de acuerdo o no con el proyecto político.

 

Pese a la descomunal ofensiva política que, encabezada por Estados Unidos, ha habido que enfrentar en estos años, Cuba tiene en materia de derechos humanos un expediente que la exceptúa del peligro de la violencia social. Durante los 37 años de su proyecto revolucionario no hay un solo hecho registrado de que la policía salga a las calles a disparar contra la gente, lanzarles gases lacrimógenos o balas de goma, darles golpes a caballo o movilizar a las fuerzas armadas para reprimirlos. No hay un solo caso de tortura física, de asesinato o desaparición política, no existen bandas paramilitares o escuadrones de la muerte; se lucha enconadamente porque ningún ciudadano sea discriminado por razón del color de su piel; los esfuerzos est n dirigidos a que las mujeres no sean consideradas como objetos, los ancianos no viven con el temor del desamparo y los niños tienen la protección necesaria para el mejor desenvolvimiento de sus vidas. Hay una política de vigilancia y actuación muy severa contra impunidad.

 

La única limitación que Cuba ha establecido para estas personas que componen estas "organizaciones independientes" es negarles el derecho de asociación ante el carácter dependiente y al servicio de Estados Unidos que ellas tienen, lo cual a nuestro juicio atenta contra la seguridad nacional y la libertad de los demás . Ningún país en colisión con otro, por demás la superpotencia como lo es Estados Unidos, legitimaría la existencia de grupos opositores apoyados y financiados abierta y públicamente por su enconado enemigo a la búsqueda de sus propósitos políticos.

Cuál es la expresión de la sociedad civil?

Dentro del Estado cubano no hay conceptualmente una oposición antagónica entre la sociedad civil y la sociedad política, porque la sociedad civil sin política no existiría. Si algo ha hecho la Revolución desde sus inicios es potenciar su propósito de propiciar una igualdad de oportunidades en lo político y lo social para favorecer a las grandes mayorías poblacionales.

 

Esa ampliación de oportunidades requería de una cooperación organizada que permitiera una satisfacción de la amplia gama de necesidades propias de la condición humana, no sólo en la urgencia de lo básico, sino en un propósito más amplio que se expresa, por un lado, en la discusión de políticas que son recomendadas al Estado para dinamizar un número de tareas de interés común en determinados sectores y, de otro, en la disposición de contribuir a la solución de los problemas de la comunidad.

 

Sólo mediante el desarrollo de influyentes movimientos sociales ha sido posible en la sociedad cubana llevar adelante un cúmulo mayor de actividades que hubiera resultado imposible hacer por la vía exclusiva de los servicios públicos o del resto de la gestión del Estado. De ello hay una infinidad de ejemplos. Desde la campaña de alfabetización, las masivas campañas de vacunación y proyectos de la salud, hasta la búsqueda de solución a múltiples problemas sociales como es el caso de la vivienda, sin contar la decisiva participación en los mecanismos de defensa del país.

 

Pero lo más sobresaliente de ese influyente movimiento social es su estimulada incidencia en la definición de políticas sectoriales que culminan después en la proyección de decisiones.

 

No hay una sola organización social o profesional que no discuta sistemáticamente una gama de asuntos de amplias repercusiones en el seno de la sociedad y cuyos acuerdos no constituyan ulteriormente una plataforma para la adopción de medidas estatales y gubernamentales que las instrumenten.

 

Hasta con la propia emigración cubana se han auspiciado contactos permanentes en los últimos años, en los cuales sobresalen las dos primeras conferencias entre la Nación y la Emigración, donde predomina este estilo, incluso con representantes de organizaciones que no comparten las posiciones de la Revolución, pero que dialogan desde una base de respeto y en contra de la criminal política de bloqueo contra su propio país.

 

Si el liberalismo concede a la sociedad civil un papel de contención a los posibles excesos de los gobernantes, en el caso cubano adquiere un diseño protagónico en la toma de decisiones y deviene fuerza real en la labor de control y fiscalización de los propios gobernantes. Esa práctica se ha extendido en la conciencia ciudadana, de tal manera, que puede afirmarse que en la Cuba de hoy no es posible gobernar por decreto. Cualquier medida política, cualquier decisión estatal, necesita de la argumentación, de la explicación, de la persuasión para que realmente pueda tener efecto a escala social.

 

Esa es una de los cosas más distintivas hoy del proyecto político cubano, donde sobresale la convocatoria permanente a toda la ciudadanía para que exponga sus criterios en torno a los problemas más acuciantes del país, conocer sus opiniones sobre la forma de resolverlos, aún en asuntos tan complejos como las reformas económicas, la elevación de precios o el establecimiento de una ley tributaria, análisis que en la mayoría de los países no son objeto de debate público.

 

Bastaría mencionar un solo ejemplo. En diciembre de 1993, la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) sostuvo una amplia discusión pública acerca del espinoso tema de las reformas económicas y uno de los problemas más gruesos era cómo resolver el déficit presupuestario, que para ese año ascendía a un monto de 5 050 millones de pesos.

 

La decisión de la Asamblea Nacional fue no adoptar ninguna acción legislativa en ese momento, sino convocar a los trabajadores para discutir esta situación. Durante los primeros cuatro meses de 1994, grupos de parlamentarios asistieron a _ 80 000 asambleas en los centros de trabajo del país, que fueron catalogadas como "Parlamento obrero", con el doble propósito de debatir en cada lugar Cuáles medidas específicas se podían adoptar a escala de la fábrica, la granja campesina, la universidad, etc., para reducir el déficit del presupuesto y conocer, además , sus criterios sobre las reformas económicas. El resultado de esa participación popular no se hizo esperar y durante 1994 hubo una toma de conciencia sobre la necesidad de cumplir rigurosamente las medidas discutidas por los propios trabajadores, lográndose en ese mismo año reducir el déficit del presupuesto de 5 050 millones a 1 421 millones de pesos, algo más de un 72 por ciento.

 

Esa discusión dejó en los trabajadores un conocimiento como para comprender lo pernicioso que resulta para ellos mismos la existencia del déficit fiscal y desde entonces ese es un tema tratado en las asambleas obreras, sobre todo para exigir a las administraciones una rendición de cuenta sobre el comportamiento en sus respectivos centros laborales. Así, ya para 1996 se lograr una reducción del déficit presupuestario de un 3 por ciento, tasa inferior al requisito que exigen los organismos financieros internacionales para el otorgamiento de créditos.

Medidas de ese tipo son posibles porque la sociedad cubana es una sociedad de organizaciones y predomina un marcado interés social.

 

Ahora bien, esa expresión tiene sus propios códigos. Cuba ha tenido que luchar contra la feroz hostilidad y los intentos aislacionistas por parte de Estados Unidos, cuyo acto más bárbaro es su criminal bloqueo económico, comercial y financiero, y aunque internamente se ha forcejeado siempre con tendencias miméticas que pretendían convertirla en una sociedad cerrada, no es menos cierto que esas tensiones han provocado en el país una especie de síndrome de "mentalidad de cerco", donde se mezclan también la conciencia de la necesidad del factor de la unidad y el orgullo nacional enraizado en los cubanos. No pocos visitantes extranjeros han podido observar este fenómeno cuando han asistido a asambleas de debates en las poblaciones. Si llegan de incógnitos a las asambleas de vecinos visualizan sus enriquecidas y acaloradas discusiones en torno a los problemas de la comunidad. Si, por el contrario, se anuncia la presencia de los visitantes, la reunión se convierte en una profusión de discursos de barricada en defensa del país con una total ausencia de debate.

 

La existencia de esos códigos puede provocar la falsa idea de que los estilos democráticos no encuentran clima propicio en fortalezas sitiadas, pero otra es la conclusión del debate nacional promovido en estos años difíciles: sólo con una mayor apertura democrática puede la nación resistir esa brutalidad norteamericana y sostener el consenso sobre el proyecto nacional. Es así como se ha ido abriendo paso cada vez más la convicción de que no puede haber democracia si las instituciones no son verdaderamente democráticas y la necesidad de abrir los mayores espacios posibles para la acción de todas las fuerzas sociales, aunque como en la mayoría de los estados, donde hay mecanismos para la limitación de ciertas libertades, existe un fuerte consenso en la sociedad cubana de que los límites es todo aquello que ponga en peligro la independencia nacional.

 

Desde esa óptica es que se han ido desarrollando en estos años conceptos y decisiones que contribuyan a que no se obstaculice el ejercicio autónomo de las organizaciones sociales y la proliferación de las organizaciones no gubernamentales que han permitido el funcionamiento de más de 2 000 asociaciones en todos los niveles territoriales en estos momentos, a la vez que en el ámbito político-cultural es ostensible una cada vez más abierta y profunda discusión de los problemas intelectuales y artísticos entre los propios creadores, así como el aumento de su espacio crítico.

 

También desde la declaración constitucional del laicismo, el Estado cubano ha tendido un puente de colaboración y participación a todas las entidades religiosas, a la vez que proyecta un ordenamiento en las relaciones de las iglesias, la sociedad y el Estado con la intención de erradicar cualquier resquemor discriminatorio en la sociedad cubana. A los templos ya existentes de la iglesia católica y de las decenas de denominaciones religiosas que integran hoy el consejo ecuménico, más de 500 casas-cultos de distintas congregaciones se han abierto en estos últimos tres años.

 

Hasta el propio carácter de las Fuerzas Armadas se ha ido socializando cada vez más como parte de esta política nacional. Sin descuidar las tareas de la defensa del país que parten de la conformación y ejecución de una doctrina eminentemente popular, se ha producido en los últimos años una sensible reducción en el personal activo de las instituciones armadas y se ha acentuado el papel de las mismas de cara a la producción nacional, convirtiéndose en uno de los sectores más productivos a escala industrial y agrícola. De igual forma, y progresivamente, se ha llevado a cabo una significativa reducción de los presupuestos para la defensa. Comparativamente, el presupuesto militar para 1996 es poco más de un 50 por ciento inferior al que se ejecutó en 1989.

El sistema electoral y la participación de la sociedad civil.

En la sociedad cubana contemporánea se ha desarrollado una cultura que permite a un segmento cada vez mayor de ciudadanos comprender los nexos entre su vida cotidiana y su participación.

 

Se trata de lograr que la gente no asista a estas discusiones para cumplir una formalidad, sino por el propósito de construir una democracia auténtica y que no haya una sola legislación que tenga que ver con la vida de las personas que no se someta al análisis de ellos. Esa ha sido una característica de la Revolución Cubana, desde las primeras leyes revolucionarias, pasando por la Constitución de la República aprobada por voluntad popular en 1976, cuyo anteproyecto se sometió a debate de la población y sus opiniones y propuestas modificaron 60 de los 141 artículos de aquella Carta Magna, antes de someterla a Referendo, o el Código Penal discutido por más cinco millones de personas, quienes emitieron más de 2 000 propuestas de adiciones, supresiones y modificaciones que enriquecieron el texto jurídico.

 

Pero, quizás una de las cuestiones más destacadas de esa participación lo constituya el proceso electoral cubano y las formas ciudadanas para la nominación y postulación de los candidatos. En Cuba se celebran elecciones parciales cada dos años y medio para los órganos estatales municipales y cada cinco años hay elecciones generales para todos los órganos (municipales, provinciales y nacional).

 

A diferencia de lo que sucede en un gran número de países donde son las maquinarias políticas de los partidos las que imponen sus candidatos, en el caso cubano el sistema electoral ha estado a la búsqueda de un mÆtodo nuevo y original que prescinde de los partidos y deja abiertamente a la población la nominación de sus candidatos a delegados (concejales) para el caso de las elecciones municipales, y de las organizaciones sociales y profesionales, es decir un segmento importante de la sociedad civil, para la nominación de los candidatos a delegados a las provincias y de diputados al Parlamento.

 

Para muchos políticos en el exterior son incomprensibles -dados los fenómenos de abstencionismo de sus países-, las altas votaciones que se registran en los comicios cubanos, donde los índices de abstencionismo se han movido en una escala en las dos últimas elecciones entre un 7 y un 11 por ciento. Ese amplio respaldo tiene lugar, no sólo porque las elecciones en Cuba se convierten en actos plesbicitarios ante las presiones y campañas que se ejercen desde Estados Unidos, sino También por la dentificación, interés y motivación que provoca el protagonismo ejercido por los propios ciudadanos durante el proceso electoral, sobre todo después de las reformas constitucionales de 1992 en que se estableció el sufragio directo y universal para la elección de todos los cargos en las instituciones representativas del Estado y que hasta ese momento constituían elecciones de segundo grado en las instancias provinciales y nacional.

 

Cuba tiene una división político-administrativa distribuida en 169 municipios y 14 provincias.

 

Cada municipio y cada provincia tiene su propia Asamblea representativa del Poder Popular con carácter legislativo y ejecutivo como órganos superiores locales del Poder del Estado. Las leyes las declaran investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas y para ello, dentro del marco de su competencia y ajustándose a la ley, ejercen gobierno.

 

Estas Asambleas designan a las administraciones locales que dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una.

 

El municipio es la sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley, en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas y sociales de su población y con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales.

Cómo se constituye la Asamblea del Poder Popular en el Municipio?

Cada municipio divide su territorio en circunscripciones electorales en dependencia del número de habitantes y, de acuerdo a la ley, oscilan entre un mínimo de 60 y un máximo de 200 circunscripciones. Cada circunscripción electoral tiene derecho a elegir un Delegado (concejal).

 

Durante el período electoral, cada circunscripción se subdivide a su vez en reas de vecinos para la nominación directa de los candidatos a Delegado. Ni el Partido ni ninguna organización social est facultada por la ley para participar de este proceso. Son los vecinos de cada rea los únicos que pueden, reunidos libre y voluntariamente, determinar a Cual de los vecinos residentes en la circunscripción, mayor de 16 años, propondrán para la candidatura de acuerdo a los parámetros de capacidad, méritos y consagración que ellos mismos decidan en ese encuentro y sale nominado aquel ciudadano que obtenga mayor respaldo en el voto público.

 

De acuerdo a la ley, en la competencia electoral en cada circunscripción tiene que haber un mínimo de dos candidatos y un máximo de hasta ocho candidatos. Después de postulados los candidatos, no hay pasquines electorales, sino la foto y la biografía de cada uno de ellos con los rasgos principales de su trayectoria ciudadana, expuestos en los principales lugares públicos de la circunscripción. Al igual se hace con el listado de electores, cuyo padrón recoge el registro de todos los ciudadanos mayores de 16 años residentes en la circunscripción con derecho libre a ejercer el voto.

 

Cerca de 30 000 mesas electorales se constituyen en el país para atender las reclamaciones de los ciudadanos y organizar todo el proceso para el día de la votación. La ley electoral cubana establece que no pueden ejercer el derecho al sufragio únicamente los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su incapacidad, y los inhabilitados judicialmente por causa de delito.

 

El día de las elecciones -hasta ahora ha sido siempre un domingo que es el día de asueto más general en la República-, los colegios electorales funcionan desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde. El primer acto de las mesas electorales es abrir las urnas ante el público presente para que comprueben la limpieza del proceso y entregársela a los estudiantes primarios -quinto y sexto grados-, y estudiantes secundarios -hasta 9no grado-, que ser n responsables de su custodia.

 

Cada ciudadano debe presentar ante la mesa electoral su carné de identidad que tiene impresa su fotografía (es su cÆdula electoral) y una vez verificado y anotado en el registro, pasa a la intimidad de una cabina donde solo puede estar el elector para definir su votación. Cualquier elemento que lo identifique, cualquier rasgo que haga fuera de la definición de su voto, anula la boleta. Inmediatamente, después de definir su voto, la deposita en la urna.

 

A las seis de la tarde, declarado el cierre, la mesa electoral abre la urna ante el público presente e inicia el conteo de los votos boleta a boleta.

 

Para resultar electo Delegado (concejal) al Poder Popular hay que obtener más del 50 por ciento de los votos válidos. Si ninguno de los candidatos obtuviese ese número de respaldo popular, los dos que mayor votación hayan obtenido van a una segunda vuelta electoral al domingo siguiente con idéntico proceso y en ese momento el que mayor votación obtuviese resulta electo. Ha habido raros casos de circunscripciones en que También en esta segunda vuelta se presentó empate en la votación de los dos candidatos y fue necesaria una tercera vuelta de elecciones.

 

De esta forma son electos en el país más de 14 000 Delegados (concejales) a las instancias de los 169 municipios._

 

Es la concepción cubana que del mandato popular debe salir un sólo poder y que los elegidos por el pueblo tienen la facultad de decidir de entre ellos mismos a las personas que van a desarrollar después labores ejecutivas al frente de los órganos de dirección del Estado (Alcaldes, Gobernadores y la Presidencia de la República), de manera que esos ejecutivos dependan siempre de órganos colectivos colegiados, a los cuales est n obligados a rendirles cuenta en todo momento y subordinados plenamente a las reglas del principio de la revocación sin necesidad de tener que esperar al término del mandato, de manera que no hayan personas inmunes, invulnerables e irrevocables.

 

Es así como quince días después de las elecciones, los Delegados (concejales) electos se constituyen en la Asamblea Municipal del Poder Popular. Durante esos días previos, una Comisión de Candidatura integrada por los representantes de las organizaciones de los sindicatos, de vecinos, de las mujeres, de los campesinos y los estudiantes de las enseñanzas universitaria y media se reúnen con cada Delegado para escuchar sus criterios acerca de a quiénes entre los electos proponen para ejercer la Presidencia (Alcalde) y la Vicepresidencia (Vicealcalde) de la Asamblea y, a su vez, conducir la gestión del Consejo de la Administración del Municipio.

 

Es desde este consenso que esa Comisión de Candidatura propone ante la Asamblea a los dos candidatos para dirigir al órgano municipal del Estado sobre la base de que el que mayor número de votos ocupe ser el Presidente y el otro quedar de Vice. Este procedimiento queda sujeto a la decisión de las Asambleas de Delegados, las cuales no siempre han aceptado esas propuestas y en la discusión abierta y transparente han conformado sus candidaturas siguiendo el principio inalterable de que cualquiera de los propuestos tiene que cumplir el requisito de haber sido elegido como Delegado por la población.

 

Estas Asambleas Municipales designan. También en esa propia sesión a los miembros del Consejo de la Administración y otras personas que dirigir n las entidades administrativas del territorio, sujetas todas al control y la fiscalización de los Delegados, a la obligación de rendir cuentas, ser interpelados en el seno de la Asamblea y revocados caso de que su conducción no sea la más eficaz o se demeriten en el ejercicio de sus funciones.

 

Los Delegados electos. También est n obligados por la ley a reunirse como mínimo dos veces en el año con su electorado y rendirles cuenta de su gestión, escuchar sus preocupaciones e inquietudes, las críticas al gobierno, etc., a la vez que concentrar su labor a la búsqueda de soluciones a los problemas más inmediatos en la circunscripción y pueden igualmente ser revocados por ellos de no cumplir con sus obligaciones.

 

Partiendo de la voluntad de propiciar una mayor participación ciudadana en la labor de control y fiscalización sobre la gestión gubernamental y administrativa, a la vez que procurar una actuación más activa del electorado en los asuntos cotidianos de la comunidad, se creó en los municipios cubanos una estructura estatal "sui generis" que ha sido denominada Consejo Popular.

 

El Consejo Popular es la suma de varias circunscripciones, donde sus Delegados (concejales) se agrupan en lo que constituye un barrio en las ciudades o un pueblo o poblado en las zonas rurales y deciden de entre ellos quién lo presidirá. A este Consejo se integran con vida activa los representantes de las organizaciones sociales y de las instituciones más importantes de esa demarcación.

 

De acuerdo con la Constitución, estos Consejos Populares están investidos También de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones, representan a los ciudadanos en la demarcación donde actúan, pero a la vez ostentan la potestad de los órganos del Estado municipal, provincial y nacional para trabajar activamente por la eficiencia en el desarrollo de todas las actividades económicas enclavadas en el barrio urbano o poblado rural y por la satisfacción de las necesidades de la población, promoviendo la mayor participación de ésta y las iniciativas locales para la solución de sus problemas. Tienen facultades, además , para coordinar las acciones de todas las entidades estatales existentes en su rea de acción, promover la cooperación entre ellas, además de controlar y fiscalizar el desempeño de sus actividades.

 

Dentro de los análisis que actualmente se realizan en Cuba sobre el perfeccionamiento del sistema político existe una amplia discusión en torno a cómo aumentar aún más la autoridad de estos órganos municipales, deslindar las labores legislativas y ejecutivas, y fortalecer su capacidad de control y fiscalización, atendiendo a la necesidad de desarrollar y ampliar una descentralización ajustada a nuevos criterios de planeación a nivel territorial que permita acercar estrechamente los intereses de participación política y de distribución en las bases de la sociedad.

La elección para los órganos provinciales y el Parlamento Nacional.

 

Hasta las reformas constitucionales de 1992, los Delegados a las 14 Asambleas Provinciales del Poder Popular y los Diputados al Parlamento Nacional eran elegidos en elecciones de segundo grado por los Delegados (concejales) a las Asambleas Municipales.

 

La recomendación del IV Congreso del Partido de modificar el sistema electoral y desarrollar estos procesos electorales mediante sufragio universal, directamente por la población, y su decisión de no participar en el proceso de nominación y postulación de los candidatos, trajo consigo la necesidad de innovar al respecto un método que puede y debe ser mejorado, pero que indudablemente hizo más vinculante las relaciones entre los agentes de la vida social y los actores políticos.

 

De esa forma, se concibió un diseño por el cual las organizaciones sociales y profesionales son las que tuvieron las prerrogativas de proponer los candidatos mediante la creación de Comisiones de Candidatura, mientras las Asambleas Municipales de Delegados (concejales) del Poder Popular tuvieron la facultad de determinar la postulación ante la población. También fue necesario, por primera vez en la historia revolucionaria, que los candidatos hicieran su campaña electoral.

 

Para no hacer engorrosa la explicación, tomaremos como base la elección de los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues la elección para las provincias tuvo el mismo procedimiento.

 

Tomando en cuenta que en el Parlamento Nacional convergen no sólo los intereses municipales, sino También los provinciales y nacionales y dada la potestad a las Asambleas Municipales de Delegados para postular a los candidatos, se estableció una cláusula a la Ley Electoral por la cual se garantizara que podrían ser Diputados a la Asamblea Nacional hasta un 50 por ciento de Delegados (concejales) municipales.

 

Las Comisiones de Candidaturas constituidas en el país tras la elección de sus integrantes por las organizaciones sindicales, que la presiden, las de mujeres, campesinos, de vecinos, y estudiantes (enseñanza universitaria y enseñanza media) se dieron a la tarea de recoger todas las propuestas de sus respectivos órganos en los municipios, provincias y nacionalmente y solicitar propuestas a otras organizaciones y asociaciones de profesionales.

 

De tal forma, para integrar la Asamblea Nacional del Poder Popular se propusieron en todo el país a unos 67 000 precandidatos a Diputados.

 

Luego de esa numerosa propuesta, hubo un amplio proceso de consultas dentro de las propias organizaciones y en los principales centros de trabajo, bases campesinas, centros de investigaciones y de la enseñanza universitaria, etc, consultas en la que participaron aproximadamente un millón y medio de personas, tras lo cual se fueron decantando las listas y se buscó un consenso sobre la primera lista de candidatos que serían presentados ante las 169 Asambleas Municipales de Delegados, así como otra de reserva para los casos que pudieran ser rechazados en el proceso de discusión de las candidaturas.

 

En Cuba, buscando una alta representatividad, se elige un Diputado por cada 20 000 habitantes o fracción mayor de 10 000, por lo que el Parlamento unicameral es integrado en la actualidad por 589 diputados en correspondencia con el número de habitantes, cerca de 11 millones, y con el principio de que cada municipio debe tener como mínimo dos representantes a la Asamblea Nacional.

 

No pocas propuestas en las candidaturas suscitaron amplias discusiones entre los Delegados a las Asambleas Municipales, quienes finalmente postularon ante la población a los 589 candidatos a Diputados. En esta elección, no había efectivamente competencia para ocupar los escaños en la Asamblea Nacional.

 

Todos los propuestos tenían garantizado asiento en el Parlamento siempre que obtuvieran el respaldo de más del 50 por ciento de los votos, pero la población tenía derecho a votar por todos, selectivamente por algunos de ellos o no votar por ninguno, acción que podía expresarse libremente con no acudir a las urnas o ir a votar y depositar la boleta en blanco o anularla. Todo eso ocurrió en esas elecciones, aunque la candidatura de la Revolución por el voto unido logró el 88 por ciento de respaldo de la población.

 

No se puede obviar el hecho político de que Cuba decide modificar su sistema electoral en el momento preciso en que Estados Unidos recrudeció la agresión contra el país y el Congreso estadounidense aprobó la Ley Torricelli. Tampoco se puede pasar por alto que esas elecciones directas tendrían lugar en 1993, que fue sin dudas el año más dramático en toda la existencia de la Revolución cubana.

 

Precisamente por ese dramatismo en la situación cubana, elementos de la extrema derecha en Estados Unidos apostaron a descalabrar los resultados en las elecciones cubanas y compusieron una intensa campaña propagandística de oposición que aglutinó a unas 15 emisiones radiales en aproximadamente 30 frecuencias con más de 1 800 horas de programación radial semanales hacia Cuba, convocando a la sociedad cubana a no concurrir a las urnas o votar en contra de los candidatos de la Revolución.

 

Todo este proceso de elecciones directas trajo consigo en esta nueva Legislatura una renovación del 83 por ciento de los Diputados y la conformación de un Parlamento heterogéneo, pero en correspondencia con la línea nacionalista mayoritaria en Cuba y con la característica de que la mayor parte de sus integrantes no son políticos de oficio; ser Diputado no es su medio de subsistencia, sino que tienen otras actividades a la cual consagran su vida cotidiana.

 

La Asamblea Nacional del Poder Popular concentra una vasta representación popular. La integran, en primer lugar, 274 Delegados (concejales) de base, lo cual garantiza la presencia de los puntos de vista de todos los sectores de la población.

 

También en su composición hay 38 destacados científicos e investigadores, 72 obreros o trabajadores de los servicios, 17 campesinos, 30 maestros y profesores, ocho estudiantes universitarios, nueve deportistas renombrados, ocho ministros del Gobierno, 19 miembros de las Fuerzas Armadas, 16 escritores, artistas y músicos, 11 periodistas, entre otros muchos -incluida una representación femenina que alcanza casi al 23 por ciento de los Diputados-, y También con una pluralidad donde se incluyen militantes y no militantes del Partido, pastores religiosos, católicos y ciudadanos que profesan el culto sincrético africano.

 

Después de la elección de los Diputados el 24 de febrero de 1993, la Asamblea Nacional celebró su período de constitución el 15 de marzo de ese año con el propósito de elegir al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Parlamento y a los 31 Diputados que integrarían el Consejo de Estado, su órgano permanente que la representa entre período de sesiones y que ostenta la máxima representación de la República.

 

El Consejo de Estado viene siendo como una especie de Consejo Presidencial, un órgano colegiado, que lo integran el Presidente de la República, el Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario y otros 25 miembros con facultades constitucionales que, sin embargo, lo sujetan También a someter a ratificación de la Asamblea Nacional los decretos-leyes que adopte y rendir cuenta de sus principales acuerdos y decisiones en cada período de sesiones del Parlamento.

 

Todos sus miembros tienen obligatoriamente que haber sido elegidos como Diputados en el escrutinio popular en sus distritos o municipios electorales.

 

De ahí la singularidad democrática de un proceso por el cual los principales dirigentes del Estado est n obligados a transitar por un doble proceso de elección, a la vez que est n sujetos a las reglas de la rendición de cuenta y del proceso de revocación sin límite durante el mandato.

 

Se podrá disentir de la fórmula cubana, pero nadie podría objetar como falta de democracia el hecho de que 589 Diputados, electos en escrutinio popular con más del 50 por ciento de los votos de la población, tengan la potestad después de elegir secretamente de entre ellos mismos al Diputado que ejercer las funciones de Presidente de la nación, porque no se diferencia de muchas otras experiencias reconocidas, como la de Estados Unidos donde una mayoría superior a la mitad de los 538 votos compromisarios determinan la elección del Presidente de la Unión.

 

El proceso de nominación para integrar el Consejo de Estado, así como los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional siguió la misma lógica del proceso de consultas establecido por la Comisión de Candidatura, que integran las principales organizaciones sociales del país.

 

Esta Comisión de Candidatura se reunió por separado con cada uno de los 589 Diputados electos no para proponer una candidatura ya definida, sino para escuchar las propuestas y las argumentaciones de cada uno de los Diputados. De tal manera que para definir 31 posibles candidatos a miembros del Consejo de Estado, los Diputados argumentaron las propuestas de 449 de los 589 integrantes de la Asamblea Nacional.

 

La candidatura propuesta al Pleno del Parlamento recogió en mayor medida a los candidatos que mayor consenso tuvieron en esa consulta, tanto para los cargos al Consejo de Estado, como para presidir la Asamblea Nacional. Esa elección se produjo por voto secreto y directo en varias listas donde quedaban definidas las propuestas para Presidente y Vicepresidentes de la República, el resto de los miembros del Consejo de Estado y la Presidencia del Parlamento. En total, los Diputados tenían que votar con absoluta libertad por 34 cargos y el resultado fue que sólo cuatro de los candidatos obtuvieron el ciento por ciento de los votos del Parlamento: Fidel Castro, para Presidente de la República; Raúl Castro, como Primer Vicepresidente; Carlos Lage, como Vicepresidente y Ricardo Alarcón como Presidente de la Asamblea Nacional. El resto de los miembros del Consejo de Estado y de los cargos para la Presidencia de la Asamblea Nacional resultaron electos al obtener más del 50 por ciento de los votos.

 

La Asamblea Nacional del Poder Popular designa igualmente, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, a los miembros del Consejo de Ministros. También elige al Presidente, Vicepresidentes y demás jueces del Tribunal Supremo y al Fiscal General y los Vicefiscales Generales de la República, quienes en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la Ley.

 

Esta independencia del sistema judicial se garantiza a partir del hecho de que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General de la República desde el punto orgánico y funcional se estructuran con absoluta autonomía de los demás organismos del Estado y el Gobierno, subordinándose únicamente a la propia Asamblea Nacional, a quien deben rendirle cuenta periódicamente, y al Consejo de Estado. En estos momentos est n en fase de proyecto nuevas leyes sobre el funcionamiento de los tribunales y la fiscalía, las cuales refuerzan el papel independiente de estas instituciones dentro del Estado.

 

La sociedad cubana sustenta su estructura legal en consonancia con sus principios políticos y Æticos, por la cual nadie puede obrar por encima de la ley y ningún funcionario, agente de la autoridad o judicial a cualquier nivel, goza de impunidad alguna. Sobran ejemplos en la historia más reciente cubana como para verificar que los que han actuado al margen de la ley, siempre han tenido que responder ante la justicia y el pueblo con las más severas sanciones, sin importar jerarquías.

Un nuevo estilo de trabajo del Parlamento

 

Las nuevas formas de elección y el vínculo electoral situaron una din mica distinta a la nueva Legislatura de la Asamblea Nacional. No solamente por la manera en que profundizó las obligaciones en la doble representación de cada Diputado - representar al municipio o distrito electoral y representar a la nación-, sino También por la diferencia sustantiva que propició en el trabajo autónomo del Parlamento ante las propias exigencias de la sociedad.

 

De esa forma, se inició un proceso de reforzamiento de la autoridad del Parlamento, tanto por la vía de la actividad legislativa, como por la asignación de un papel mucho más preponderante de sus Comisiones Permanentes en el control y la fiscalización de la gestión estatal y administrativa - sin reducirlo únicamente a la comparecencia de ministros y funcionarios, sino extendiéndola además al contacto con la vida práctica en la base social-, a la vez que su transformación en centros constantes de discusión por la vía de audiencias públicas que permitan a los ciudadanos expresar sus consideraciones sobre asuntos prioritarios del país.

 

Como el núcleo fundamental de los legisladores cubanos no son activos de oficio en el trabajo parlamentario, sino que combinan su actividad de Diputados con sus habituales tareas sociales, se requiere de ellos una mayor consagración para poder llevar adelante las misiones que desempeñan como integrantes de la Asamblea Nacional.

 

El Pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular decidió constituir 11 Comisiones Permanentes y una con carácter temporal -en los hechos devino una comisión permanente más - para analizar el complejo y difícil tema de la energía. Estas Comisiones agrupan a un buen número de Diputados -la menor tiene 33 integrantes y la mayor casi 80-, dando la posibilidad de representación a parlamentarios de todas las provincias para mantener en las discusiones de cada tema un enfoque actualizado de lo que ocurre al respecto en cada territorio.

 

Las 11 Comisiones Permanentes se agrupan en temas muy abarcadores:

1-. Asuntos Económicos (trata los problemas de la macroeconomía, las finanzas y el presupuesto)

 

2-. Asuntos Constitucionales y Jurídicos (además de su actividad legislativa propia, fiscaliza la constitucionalidad de todas las leyes, Decretos-Leyes del Consejo de Estado, Decretos del Consejo de Ministros y Resoluciones Ministeriales, entre otros).

 

3-. Atención a la Actividad Productiva (todo lo relacionado con la agricultura y la pesca, la industria y las construcciones).

 

4-. Atención a los Servicios (lo concerniente al Comercio Interno, la Gastronomía, el trabajo por cuenta propia, el Turismo, el Transporte y las Comunicaciones y otras actividades directamente vinculadas a la vida cotidiana de la población).

 

5-. Atención a los Organos Locales del Poder Popular (la actividad estatal en las provincias y los municipios, sus vínculos con los órganos centrales del Estado y del Gobierno, etc).

 

6-. Salud, Deportes y Medio Ambiente.

 

7-. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

 

8-. Defensa (toda la actividad de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior).

 

9-. Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer.

 

10-. Atención al Plan Turquino (atención especializada al conjunto de los problemas que tienen que ver con la vida de los ciudadanos que residen en los 32 municipios montañosos del país).

 

11-. Relaciones Internacionales.

 

El funcionamiento del Parlamento cubano ha partido de concepciones distintas a cómo se ejerce esta función en otros países. El pleno de la Asamblea Nacional se reúne en dos períodos ordinarios de sesiones al año -extraordinarios cuantas veces sea necesario-, y durante pocos días en cada período de sesiones, tomando en cuenta que durante esas jornadas se concentra en el plenario la presencia y la atención de toda la dirección política, estatal y gubernamental, nacional y provinciales y, por consiguiente, se requiere del máximo aprovechamiento del tiempo.

 

Pero También porque en nuestra idea, el problema no es derrochar el tiempo para pronunciar discursos acerca de los diversos temas a analizar, sino de dedicarlo a la capacidad permanente de reflexión con la mayor parte de la población, en función de la búsqueda colectiva de soluciones y salidas viables del país a la situación excepcional que se vive, sin dejar de emplazar en el debate a muchas de las dificultades y problemas debidos a deficiencias internas, a formalismos en el funcionamiento de nuestras instituciones, a esquemas rígidos y dogmáticos y otras manifestaciones de tendencias negativas.

 

Detrás de cada uno de los temas que finalmente se analizan en el pleno de la Asamblea Nacional o en cada Comisión Permanente hay el antecedente de un amplio proceso de discusión que requiere la dedicación de un apreciable fondo de tiempo por parte de los Diputados no sólo para el análisis a nivel de la superestructura, sino También por el vínculo de consulta hacia muchos sectores de la población.

 

Están, por ejemplo, los grandes temas, como las Reformas Económicas o el Programa Legislativo de Energía, donde los parlamentarios, previamente a las decisiones, discutieron durante varios meses las propuestas de medidas con la ciudadanía en los centros de trabajo, bases campesina o centros estudiantiles del país, con el propósito de escuchar las opiniones de la población sobre estas cuestiones medulares.

 

Pero esa amplitud, aunque a escalas menores, es una práctica de trabajo establecida para el resto de la labor legislativa. Cada proyecto de ley, según el tema de competencia, debe ser discutido por las Comisiones, las cuales para ello celebran audiencias o hacen comparecer a sus reuniones a funcionarios estatales y gubernamentales y especialistas en distintas materias. Una vez que concluyen con el estudio del proyecto y adoptan sus acuerdos, no los elevan directamente a la consideración del pleno parlamentario, sino que van hacia las provincias a discutir el proyecto con los Diputados residentes en cada territorio y amplían la participación a los Delegados (concejales) provinciales y municipales, a representantes de las organizaciones sociales y especialistas destacados, con el propósito de hacer más abarcadora la toma de decisiones. Los aportes que se le hacen a los textos legislativos en las provincias son considerados nuevamente por la o las Comisiones que tengan a cargo la presentación del proyecto de ley y los Diputados que las integran acuerdan o no tenerlos en cuenta.

 

De tal manera, cuando un proyecto de ley se presenta ante el Parlamento hay un camino de discusión recorrido, hay un conocimiento amplio de la materia, se ha confrontado el criterio de muchas personas, donde los Diputados no tienen que renunciar a sus puntos de vista, sino que lo enriquecen con distintas percepciones y matices y eso permite una operatividad extraordinaria al concentrarse después el debate parlamentario en las discrepancias de fondo en torno a determinadas disposiciones contenidas en la propuesta legislativa.

 

El proyecto de Ley de Ciudadanía puede ejemplificar abarcadoramente esta labor de las Comisiones. El asunto de la Ciudadanía es un tema sensible para la nación cubana, sobre todo por los tonos de confrontación que en el pasado tuvo el país con la parte mayoritaria de su emigración.

La voluntad de normalizar las relaciones con esa emigración hace necesaria la tenencia de una Ley ajustada a las nuevas realidades. Es por ello que las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Relaciones Internacionales solicitaron a un grupo de destacados juristas que elaboraran un texto base que sirviera para una amplia discusión por parte de sus Diputados.

 

De esas reuniones y audiencias primarias de ambas Comisiones surgió una propuesta de anteproyecto de ley. Inmediatamente se auspiciaron una serie de audiencias, tres de ellas en distintos momentos con representantes de la emigración cubana, sobre todo la radicada en Estados Unidos, donde asistieron abogados, representantes de organización políticas con posiciones discrepantes a la Revolución, entre otros, para escuchar con absoluta libertad sus criterios y opiniones, que fueron tomados en cuenta para mejorar las definiciones jurídicas. También se auspiciaron audiencias con las organizaciones de juristas en el país, con las cuatro facultades de derecho en las universidades cubanas donde participaron los estudiantes y profesores que también enriquecieron notablemente los conceptos y las normas propuestas en ese anteproyecto. Con todos estos elementos, ambas Comisiones sostuvieron nuevamente un debate conjunto para concluir en la presentación de un proyecto de Ley que est sujeto en este momento a una discusión más amplia a escala de toda la sociedad.

 

La labor desarrollada por la presente legislatura ha logrado resolver con muchos aciertos el vínculo permanente con la mayoría de la población, auspiciando su derecho a opinar con toda pluralidad y participar en las decisiones vinculantes, lo cual se refleja en el prestigio de que goza hoy el Parlamento cubano dentro de todos los sectores sociales. Desde que asumió su mandato en 1993 ha tenido que concentrar su atención en la prioridad legislativa de enfrascarse en la búsqueda de soluciones a los asuntos de la economía nacional y el redimensionamiento del Estado, para ofrecer todas las garantías legislativas a la inversión, la diversificación de las formas de propiedad y el desarrollo de los mercados y el autoempleo, aunque También tendrá que trabajar más por el perfeccionamiento institucional y político de la nación en la medida en que la situación económica prosiga su recuperación, con bloqueo norteamericano o sin él, partiendo del hecho de que la instrumentación de las propias reformas constitucionales de 1992 depende en mucho de la aprobación de leyes complementarias.

 

EL REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO CUBANO

Y LAS REFORMAS ECONOMICAS.

 

Bajo el criterio de que la inercia sería fatal, pero los apresuramientos pudieran resultar desastrosos, Cuba trabaja hoy por el redimensionamiento del Estado, mediante la reorganización de sus instituciones, la introducción y aplicación consecuente de las reformas y rectificando las causas por las cuales se hizo ineficaz en ciertos sectores. En su estrategia de los cambios no puede tampoco desconocer el grado de enfrentamiento a que es sometida por la política agresiva de los sectores de extrema derecha de los Estados Unidos.

 

Por supuesto, si Estados Unidos cambiara esa política de agresión en la cual se encuentra solo, si se mejoraran las relaciones bilaterales, se superaría la confrontación que hoy domina casi toda la convivencia entre los dos países y finalizarían las restricciones impuestas en una y otra nación. En Cuba habría que replantearse muchas otras cosas. Un cambio de la política en Estados Unidos significaría la introducción de tal cantidad de din micas en la realidad política, económica y social de los cubanos que sería imposible de prever en este instante.

 

Lo que Cuba no aceptar es declinar la estrategia y los propósitos de preservar las conquistas sociales de la Revolución que han logrado el pleno acceso a la educación, la salud, la cultura, el deporte y la garantía de la seguridad y la asistencia social, sostener los ideales de la democracia participativa, trabajar por el desarrollo de la economía, salvaguardar el ecosistema, llevar a cabo una redistribución de las oportunidades y mantener la solidaridad internacional.

 

Tampoco renuncia a la idea de edificar un Estado capaz de ejercer sus funciones esenciales en la formulación de una concepción de desarrollo que promueva todos los esfuerzos de la sociedad por la recuperación económica, la superación de la ineficiencia en el campo productivo y el incremento de la producción de bienes y servicios, ni abandona su decisión de "gobernar" el mercado. Un Estado que garantice, además , la manera en que las instituciones funcionen con plena autonomía, haya una política de descentralización que robustezca el poder local y promueva garantías para, dentro de la diversidad de opiniones, facilitar la participación ciudadana en el control y fiscalización de las políticas públicas.

 

Hace apenas cinco años muchos consideraban que Cuba no sería capaz de resistir el golpe que significó la desaparición de la Unión Soviética y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano que le ha provocado al país pérdidas calculadas por más de 45 mil millones de dólares y le impide el acceso a cualquier organización financiera internacional. Lo peor de todo era el haber perdido de la noche a la mañana los mercados naturales hasta ese entonces y la titánica tarea de reorientar sus intercambios económicos.

 

Pudo soportarse esa coyuntura por la extraordinaria prueba de resistencia de la mayoría de la población cubana que desde motivaciones auténticas, valores y principios Æticos, decidió respaldar consciente y consecuentemente a la conducción política del país, no solamente porque identifican al sistema con su propio interés, sino También por la manera responsable en que el Estado asumió la crisis, reorganizó sus fuerzas y diseña la estrategia para remontar la crisis económica.

 

No era fácil, porque algunas corrientes de opinión dentro de la Revolución tenían sus reservas con respecto a un grupo importante de las reformas, al considerarlas virtualmente como un retroceso ideológico que provocaría desigualdades en la sociedad y se trataba no sólo de persuadirlos sobre la necesidad de su implementación , sino También de convencerlos dado el carácter irreversible de las propias medidas.

 

De ahí la importancia del debate preconizado por el Parlamento y las organizaciones sociales a escala de toda la sociedad para discutir con la población las principales medidas de las reformas económicas, lo que posibilitó, si no todo el apoyo, por lo menos la aceptación de la mayoría de ellas y la comprensión de su inevitable necesidad.

 

Entre esas medidas se contemplaron, por ejemplo: 1) una primera reducción del aparato de Gobierno con la reestructuración de los ministerios; 2) cambios conceptuales de la política económica hacia las asociaciones mercantiles; 3) descentralización de la gestión del comercio exterior que suprimió el monopolio del Estado; 4) la introducción de la inversión extranjera a todas las ramas de la economía, salvo en los servicios de educación, salud y la defensa; 5) establecimiento de zonas francas y parques industriales; 6) creación de asociaciones inmobiliarias y de otros bienes y raíces; 7) modificación de las formas sobre la renegociación de la deuda externa; 8) la reforma del sistema bancario; 9) la asignación de un rol destacado a la autogestión empresarial y el redimensionamiento empresarial de una manera acelerada con distintas formas de estimulación a los trabajadores.

 

De igual manera, el inicio de un profundo proceso de readecuación de la economía interna, donde sobresalen las formas de cooperativización de la agricultura, por la cual las cooperativas de campesinos privados y los antiguos trabajadores estatales que han recibido la tierra en usufructo poseen alrededor del 65 por ciento de la tierra cultivable; la despenalización de la tenencia de la moneda libremente convertible; la liberación de los mercados donde rigen los precios regulados por la oferta y la demanda; el establecimiento de un sistema tributario que hacía casi 30 años había desaparecido virtualmente en el país; el desarrollo de formas de autoempleo individual y familiar con una regulación totalmente descentralizada que permita afrontar la readecuación del empleo público; la creación de pequeñas empresas en el sector gastronómico, por mencionar algunas de ellas.

 

Por supuesto, todo este proceso se caracteriza por un continuo cambio. Muchas de estas medidas requerir n del establecimiento gradual de otras, para lo cual se trabaja con coherencia y flexibilidad, sin provocar un caos social y sin renunciar al principio de preservar el patrimonio nacional, aun cuando se estimule la creación de asociaciones de todo tipo en muchas de las ramas principales.

 

Todas estas decisiones permitieron detener durante 1994 al vertiginoso decrecimiento que se venía produciendo en la economía cubana y ya en 1995 remontarla de una manera alentadora, aunque todavía insuficiente, al crecer el producto bruto interno en un 2,5 por ciento y situarse como una plataforma que permita la recuperación económica.

 

Lo significativo en la realidad cubana es que a pesar de las excepcionales circunstancias en que tuvo que desenvolverse el país para sobrevivir entre los años1990-1994, se ha realizado el ajuste económico teniendo muy presente el desarrollo social necesario y la sustentación social adecuada como parte de la política de consenso que necesariamente la nación tiene que mantener y fortalecer.

 

Esa política permitió que nadie en medio de la depresión económica quedar en desamparo dadas las formas de distribución social que se han mantenido en el país e hizo posible no sólo impedir el deterioro de indicadores sociales en esos años de intensa crisis, sino que por el contrario algunos mejoraron sus resultados al vincularse toda la sociedad a esos propósitos, como la disminución de la mortalidad infantil, el aumento de la expectativa de vida, los programas de vacunaciones, el uso de alternativas a las escaseces de medicamentos mediante la medicina verde, la reanimación de los programas de viviendas a bajo costo, el establecimiento de un mayor número de consultorios del médico de la familia para ofrecer atención preventiva en una cobertura médica que abarca ya al 95 por ciento de la población, entre otros muchos. No hubo que cerrar un hospital, un consultorio médico, una escuela, un círculo infantil, una universidad. Lo que se destaca en este período de crisis es que fueron egresados de las universidades más médicos y maestros que en momentos anteriores.

 

Esos son los elementos que pueden explicar, después de los vaticinios de que la Revolución de desmoronaba, los varios libros escritos sobre la hora final de Castro y de la Revolución, que en Cuba pese a todas las tensiones de estos años difíciles se haya mantenido una estabilidad política y una estabilidad social.

 

Por supuesto, no son sólo el orden y la estabilidad política y social los que definirían los factores de gobernabilidad en la Cuba de hoy.

 

Es la capacidad de representación de intereses del Estado, la propia autoexigencia de la sociedad para construir la democratización y facilitar formas más amplias de participación a la civilidad ciudadana en todo el espectro de la vida de la nación, así como la prioridad gubernamental para propiciar formas de bienestar mediante un verdadero programa de justicia social, como se ha visto en las explicaciones anteriores, lo que posibilita a Cuba refrendar la legitimidad de su proyecto político.

 

Esa legitimidad est avalada, además , ante la ausencia de élites con poderes discrecionales y un fuerte contenido de igualdad social, lo cual unido a ese verdadero protagonismo ciudadano en el ejercicio del derecho de opinar en la toma de decisiones fundamentales, es lo que nutre de antídotos al sistema contra la decadencia política y la falta de aptitud para actuar en los más complejos y extraordinarios procesos de dirección.

 

Eso lo demostró la crisis asumida en 1990, al perderse en unos pocos meses el 85 por ciento del intercambio comercial y sufrirse un descalabro con el decrecimiento del 40 por ciento del producto interno bruto entre 1990 y 1993. Asediada además por la agresión norteamericana y presionada por la condicionalidad de otros gobiernos, Cuba no hubiera podido resistir si no tenía, aun para encarar la crisis, el incentivo de la movilización ciudadana, una política justa de distribución social y el convencimiento de la mayor parte de la sociedad sobre la viabilidad de los objetivos de la Revolución para soportar esa dura prueba y trabajar en la creación de salidas propias que le permitieran remontar la crisis, tal y como ha empezado a ocurrir a partir de 1995.

 

Aunque fueron fundamentalmente factores externos los que mermaron la calidad de vida al disminuir sensiblemente el acceso a los medios básicos y limitaron los ritmos en las políticas de bienestar general como, por ejemplo, los planes elaborados para resolver el agudo problema nacional de la vivienda, los sacrificios provocados por esa situación pudieron ser soportados, no sólo por los indiscutibles avances sociales logrados antes de 1990, sino También por la confianza depositada en los órganos dirigentes del país y la apreciación de la gente de que su gobierno no era un gobierno decadente ni con crisis en su gestión o carente de estrategias y que no se desorganizó ni en el peor de los momentos.

 

Habría habido en estos momentos una severa crisis de gobernabilidad en Cuba de incalculables consecuencias, si la Revolución no hubiera tenido capacidad para reaccionar frente a esa situación excepcional y adecuarse a las nuevas realidades mundiales, adoptando las reformas necesarias e incentivar fórmulas para recuperar la economía y desarrollarla con eficiencia, a la vez que mantener la confianza del consenso ciudadano con la política emprendida.

 

Cualquier repaso a los acontecimientos dramáticos que asumió Cuba en esos primeros cinco años de la dÆcada de los 90, evidenciar dentro de esa férrea voluntad de resistencia, el establecimiento de una nueva política económica con la consiguiente rectificación de ciertos atributos paternalistas e igualitaristas y el inicio de un proceso de perfeccionamiento político e institucional. Pero También la decisión de no permitir el estancamiento del pensamiento creador como forma de desarrollo avanzado en la vida espiritual de la sociedad, impidiendo que proliferaran los peligros del dogma o los esquemas, y algo más importante todavía, el fuerte estímulo a la capacidad de renovación de dirección, que es lo que ha permitido la actuación simultánea de las tres generaciones que hoy protagonizan la Revolución y, por consiguiente, logra la continuidad de la estrategia en torno al Programa Nacional.

 

CONCLUSIONES

 

Se podrá estar de acuerdo o no con el sistema político que Cuba quiere desarrollar a la búsqueda de su propio modelo, pero lo inaceptable es la pretensión de exigirle un ejercicio de "democracia pura" que no existe en ninguna parte de este planeta. Cuba tiene una organización política regida por un orden constitucional y con atributos democráticos propios, fundamentados en leyes y códigos que han contado, además , con una aprobación mayoritaria de su población después de procesos de amplia consulta popular.

 

En Cuba existe una voluntad de perfeccionar el sistema político libremente escogido por su pueblo y de llevarlo adelante con sus propias ideas y convicciones, que es la única manera de lograr la perdurabilidad de la independencia del país y la existencia misma de la nacionalidad cubana.