El documento, elaborado por el relator especial del organismo para el tema de la utilización de mercenarios como medio para violar los derechos humanos, por primera vez admitía que la nación caribeña era blanco de actividades de esa índole.
Cuba, sin embargo, desde el triunfo de su revolución popular en enero de 1959 venía denunciando los numerosos sabotajes y actos de terror que costaron la vida a alrededor de tres mil 400 personas y dejaron discapacitadas a más de dos mil.
Tales acciones se desarrollaban con la complicidad de Estados Unidos, pues en ese país y al amparo de sus autoridades, operaban grupos dedicados a esos fines y residían los principales organizadores.
Mas los sucesos de septiembre de 1997, en los que perdió la vida el joven italiano Fabio Di Celmo, no pudieron ser silenciados ante la confesión del salvadoreño Raúl Ernesto Cruz, detenido en la isla como autor de los atentados con explosivos en distintos espacios turísticos de la capital cubana.
Sus declaraciones fueron televisadas internacionalmente y en ellas reconocía su condición de agente mercenario, quien recibió cuatro mil 500 dólares por cada bomba colocada.
La investigación de las autoridades cubanas lo vinculó además con una organización contrarrevolucionaria creada en la ciudad estadounidense de Miami, aspecto igualmente recogido en el informe del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos.
El documento añadía el cuestionamiento a la utilización de esos métodos, a los que catalogaba como uno de los más repudiables empleados para afectar la libre determinación de los pueblos y desestabilizar gobiernos constitucionales; así como criticaba la persistencia de las intervenciones en los asuntos internos de los Estados.
Más de dos décadas después, los párrafos del texto sobre esas prácticas crueles y absurdas bien pudieran mantenerse, pues en el mundo aún son utilizados los asesinatos selectivos, los atentados y la organización o incitación a la comisión de actos violentos, como vías para intentar someter a otros países.
Bien lo sabe Cuba, que figura nuevamente en la lista de naciones que supuestamente patrocinan el terrorismo, por voluntad de la misma administración estadounidense que no pronunció una palabra de condena ante el ataque contra la sede diplomática de la isla en Washington, el 30 de abril de 2020.