Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, considera que para la aplicación efectiva del nuevo Código de las Familias, de aprobarse el proyecto en referendo popular, se requiere de sensibilización y capacitación de los profesionales del derecho y del pueblo en general.
Esta normativa será de un impacto notable dada su amplitud en el desarrollo de las instituciones jurídicas familiares, y abordará conflictos que existen en la multiplicidad de familias de la realidad social cubana y que hasta hoy no se tratan en los tribunales, expresó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.
La Doctora en Ciencias Jurídicas añadió que es preciso profundizar en cada una de las instituciones y los novedosos conceptos contenidos de la norma para explorar todas las alternativas y orientar a la población en las mejores vías posibles para la solución de situaciones en el ámbito familiar.
A las personas de manera usual no les gusta plantear problemas internos de la familia, todavía está muy entronizada la idea de que lo que pasa en la casa queda ahí, o como se dice popularmente que “no se lava la ropa sucia afuera”, pero es necesario concientizar en que los asuntos familiares son también públicos y sociales, y requieren de una protección especial, explicó la experta.
En ese sentido, insistió en la importancia de fortalecer la cultura jurídica de los ciudadanos, quienes además de conocer sus derechos deben saber cómo ejercerlos y ante quién pueden acudir cuando los mismos han sido vulnerados.
Invitó a la lectura minuciosa del Anteproyecto del Código, disponible de forma digital en el sitio web del Ministerio de Justicia y en la aplicación “Código de las Familias”, que se puede descargar desde la plataforma cubana Apklis.
El texto se elaboró para que fuera comprensible y aunque tiene un lenguaje técnico se acompaña de un glosario que explica los términos de mayor complejidad, puntualizó González Ferrer.
Señaló que las personas deben sentirse en confianza de acudir a los bufetes colectivos en busca de asesoría en estas cuestiones, y subrayó los beneficios de contar con un mediador para que los asuntos familiares se resuelvan en un ambiente de respeto e igualdad.
Enfatizó en la prioridad que se concede en la normativa a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, en aras de garantizar su autonomía y participación.
Tiene que existir respeto a todos los miembros de la familia sin importar su edad, condición económica, o su posible discapacidad, pues sus criterios también son valiosos y deben tenerse en cuenta, acotó.
Concluyó que la propuesta del nuevo Código se orienta a esta resolución armónica de conflictos, aunque se necesite en determinado momento la intervención de un tribunal, siempre potenciando la comunicación entre las partes y una mirada diversa e inclusiva en pos de las familias que queremos.
El venidero mes de diciembre el Anteproyecto del Código de las Familias se presentará a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación por los diputados y posterior consulta popular.
Con anterioridad el documento fue sometido a la consulta especializada de 47 instituciones y organizaciones, y para su análisis se realizaron jornadas académicas en universidades y encuentros en las provincias del país como un ejercicio de participación democrática.