La Habana, Cuba.- Las nuevas disposiciones de la Dirección General de la Vivienda, publicadas en la Gaceta Oficial y que entrarán en vigor el 11 de mayo, además del reglamento para la entrega de subsidios, incluyen otras cuatro políticas.
Una de esas normas jurídicas autoriza la entrega de 16 887 viviendas estatales en ejecución a personas naturales que acepten su terminación por esfuerzo propio, mediante el pago del valor de transferencia.
El director de Asuntos Legales de la Dirección General de la Vivienda, Santiago Herrera, explicó que la asignación se realizará por acuerdo de los Consejos de Administración Municipal y se priorizarán los beneficiados ya definidos cuando se interrumpió la construcción, damnificados por fenómenos climatológicos, albergados y casos sociales.
Agregó que el beneficiado con esa norma tiene un plazo máximo de cinco años para concluir la vivienda.
Procedimientos actualizados
Las nuevas políticas de la Vivienda también establecen el procedimiento para la legalización de las viviendas en ejecución o terminadas por afectados en eventos climatológicos y que no poseen documentación legal.
En esos casos se establecen límites, contados a partir del 11 de mayo, de un año para Artemisa, Villa Clara, Cienfuegos, Granma y Guantánamo, y de dos años para Camagüey, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba.
Sobre la transmisión de la propiedad de las viviendas asignadas por el Estado o células básicas construidas con subsidios, las normas jurídicas disponen que: si los propietarios deciden venderlas o donarlas en los primeros 15 años de su adquisición, están obligados a ingresar al Presupuesto del Estado el monto total subsidiado.
Esa disposición exceptúa la donación entre parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y la adjudicación por causa de muerte.